10 MDD PARA INDOCUMENTADOS EN DEPORTACIONES

Los Ángeles – En diciembre se dio a conocer en Los Ángeles un fondo de 10 millones de dólares destinado a contratar abogados para defender a los inmigrantes locales de estatus ilegal.

En el Fondo por la Justicia de Los Ángeles se destinará dinero municipal y del condado así como donativos privados a asistir a las personas sujetas a diligencias de deportación.
Pero la propuesta de prohibir que los inmigrantes con fallos por delitos penales violentos recurran al fondo está desatando protestas en Los Ángeles por parte de grupos defensores de los inmigrantes, organizaciones legales y de otra índole que argumentan todos tienen derecho a un abogado.

El desacuerdo en torno a quién merece representación legal constituye el tema más reciente que divide a los líderes políticos y a los grupos progresistas.

Algunos de los mismos grupos que se oponen a la estipulación del Fondo por la Justicia de Los Ángeles respecto a los antecedentes penales criticó también la negativa del alcalde angelino Eric Garcetti a clasificar a la ciudad como “ciudad santuario”.

El debate acerca del fondo refleja la batalla sobre un fondo legal estatal contemplado por la legislatura de California. También en dicho programa, que este mes promulgó el Senado, se prohíbe a quienes tengan antecedentes penales por delitos violentos.

El vocero de Garcetti George Kivork señaló mediante comunicado que el alcalde desea que en el Fondo por la Justicia de Los Ángeles –el cual se espera entre en vigor el presente año− se dé prioridad a los menores, los jefes de familia y las víctimas de violencia doméstica y tráfico humano.

En el condado de Los Ángeles radican más de un millón de los 11 millones de inmigrantes sin estatus legal que se calcula hay en el país, mientras que los activistas argumentan que Los Ángeles necesita estar preparado para el peligro de las deportaciones.

Algunos activistas que se oponen a la inmigración han criticado al Fondo por la Justicia de Los Ángeles, calificando al programa como un desperdicio del dinero de los contribuyentes que interfiere con las políticas inmigratorias del gobierno federal.

El criterio que el gobierno de la ciudad usa con el fondo difiere de los lineamientos del condado pues otorga al abogado el derecho a decidir si un imputado contra quien se haya emitido veredicto de culpabilidad por algún delito penal violento puede oponerse legalmente a la deportación.

El gobierno de la ciudad no quiere financiar casos legales sin posibilidades de fallo a favor del acusado, dijo en entrevista el regidor Gil Cedillo.