ABUSO Y CARENCIAS EN CENTRO DE ATENCIÓN

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Defensores de inmigración paseños exigieron ayer a las autoridades mejorar las condiciones en el centro de detención migratoria el Condado Otero, Nuevo México, a unas millas al Norte de El Paso.

Entre las quejas se señala que los detenidos enfrentan frecuentes medidas disciplinarias y carencias diarias en servicios básicos. 

Eso incluye aislamientos injustificados y reducción de tiempo al aire libre sin motivo, así como atención médica inadecuada y alimentos en mala condición, denunció Melissa López, abogada de inmigración y directora de Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso.

“Alguien podría pasar días o incluso semanas sin tener acceso al aire libre. Y no es por el clima”, dijo López. “Este tipo de acciones en un centro de detención no tienen sentido”, afirmó.

Apenas el mes pasado, el Centro de Procesamiento del Condado Otero, ubicado en la comunidad de Chaparral, apareció entre los cinco centros a nivel nacional donde la Oficina del Inspector General (OIG) documentó abusos cometidos en contra de detenidos.

Aunque el informe de OIG no reportó deficiencias en el cuidado médico en Otero, López aseguró haber recibido quejas sobre  las fallas en la atención médica de innumerables detenidos durante más de 10 años de visitas.

Los testimonios afirman que han facilitado a inmigrantes detenidos pastillas de Tylenol como tratamiento para dolencias graves y que les han negado o demorado la entrega de insulina o niveladores contra la hipertensión a personas que sufren de diabetes o alta presión sanguínea.

“No estamos esperando que reciban la mejor atención médica (allí); estamos hablando de cuidados básicos y esenciales”, dijo la abogada.

Los resultados de la reciente auditoría de OIG en Otero, realizada tras inspecciones sorpresivas al centro de detención, también revelaron la presencia de alimentos caducos, baños insalubres, segregación entre la población carcelaria, la negación de llamadas y largas demoras para recibir atención médica.

Los inspectores federales también encontraron teléfonos descompuestos y confinamientos injustificados.

El reporte de OIG del 11 de diciembre especifica que los problemas identificados “socavan la protección de los derechos de los detenidos, su trato humano y la provisión de un entorno seguro y saludable”.

Carl Rusnok, portavoz regional de la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), declaró en un correo electrónico que ICE “cree en las condiciones y los altos estándares de cuidado en sus instalaciones de detención”.

Dijo que la agencia está de acuerdo con las recomendaciones de OIG y realizará revisiones en las áreas destacadas en el informe.

El centro de detención de Otero es administrado por una compañía privada llamada Management and Training Corporation (MTC), la cual públicamente expresó que la instalación en cuestión no violaba ninguna norma y que su desempeño era vigilado diariamente por ICE.

La empresa no respondió inmediatamente a petición específica de comentario por parte de El Diario de El Paso.

El Centro de Detención de Otero está exento de los estándares a los cuales las instalaciones de ICE están sujetas en cuanto a oportunidades recreativas y acceso a luz natural para los inmigrantes detenidos.

El reporte de OIG salió a la luz siete años después de que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) detallara una serie de supuestos abusos en Otero.

Dos de las 172 muertes bajo custodia en centros de detención migratoria a nivel nacional entre octubre de 2003 y junio de 2017 ocurrieron en Otero. Una de ellas fue la de Rafael Bárcenas Padilla, de 50 años, quien murió de bronconeumonía, en abril de 2016, según el ICE.

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