ALISTAN PAQUETE LEGAL ANTICRIMEN

Funcionarios federales proponen al menos 13 cambios para consolidar la estrategia de justicia y seguridad de la 4T

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, el senador Cristóbal Arias y Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia, durante la plenaria de Morena.

Las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana y de Gobernación, así como la Fiscalía General de la República anunciaron una nueva etapa en la estrategia nacional contra la inseguridad, que requerirá una Ley de Amnistía para delitos contra la salud, pero también 13 ajustes legales para incrementar castigos, necesarios en las actuales circunstancias del país.

Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, confirmó que el gobierno federal enviará al Congreso la propuesta de Ley de Amnistía; Julio Scherer, consejero jurídico de Presidencia, ratificó que se le dará trato de iniciativa preferente, para que esté lista a más tardar el 30 de octubre, y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aclaró que la amnistía no será para grandes capos de la droga, sino para comunidades indígenas, campesinas y por posesión mínima de droga para consumo personal.

En reuniones que sostuvieron con legisladores de Morena, los responsables de la seguridad y la justicia del país les pidieron su apoyo para trabajar en estos “toquecitos legislativos”, como les llamó Alfonso Durazo, quien habló de nueve reformas para hacer más eficiente el combate a la inseguridad que necesita su Secretaría.

Sánchez Cordero informó que se requiere un cambio en la ley para castigar la evasión fiscal, a partir de considerarlo como delito grave; se necesita una reforma para profesionalizar el notariado público, pues “es importantísimo para caminar, sobre todo, en la seguridad y en la certeza jurídica en todo nuestro país; los notarios nos darán la garantía de la certeza y la seguridad jurídica que la población requiere en los actos y contratos que se realizan bajo su fe”.

También la legalización de la producción, consumo y uso de la cannabis, amén de que confirmó que el gobierno propondrá al Congreso la Ley de Amnistía para los delitos contra la salud.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, informó que propondrá al Legislativo una Ley de Justicia Cívica que se usará para reparar el daño a los ciudadanos que sufran daño en su patrimonio, como aparatos electrónicos y enseres domésticos, que si bien no se les pueden regresar, el Estado sí puede reponerles el costo.

Alfonso Durazo aclaró que no cree que la maximización de la pena “resuelva los problemas de inseguridad, pero en una circunstancia como la que estamos viviendo, a mí me parece una medida imprescindible”.

Planteó nueve propuestas, entre ellas una “reforma a la Ley Nacional de Migración y a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransportes, ¿para qué?, para que los servicios de autotransporte terrestre pidan una identificación al usuario, nada más para eso; es un toquecito legislativo, pero es imprescindible”.

De igual forma, incluir la extorsión y robo de autopartes al catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa; ley contra ciberataques; castigo contra armas réplica; otro para sancionar el bloqueo de señales de celular; homologar requisitos para antros en todo el país; y sancionar el turismo delictivo, entre otros.

INDAGACIÓN AUTÓNOMA

Durazo propuso modificar las leyes para que la Guardia Nacional “pueda llevar a cabo la investigación en forma autónoma y, sólo cuando la indagación se encuentre terminada, entregar los registros al Ministerio Público, que decidirá si formula o no la imputación.

El asunto es que ahora la gente tiene miedo de denunciar y tenemos que sustituir la negación a la denuncia por un proceso de investigación que tenga legitimidad ante el Ministerio Público”, argumentó.

Sí, incluiría la capacidad de la Guardia Nacional para realizar investigaciones, de tal manera que a partir de ellas y de su capacidad de inteligencia podamos judicializar casos y así presentarlos al Ministerio Público”, explicó en conferencia de prensa.

Proponemos una modificación al artículo 21 constitucional, para ampliar las facultades investigadoras de las instituciones policiales, de manera que las policías puedan llevar adelante la investigación en forma autónoma y sólo cuando la indagación se encuentre terminada entregar los registros al Ministerio Público, para que decida formular o no la imputación”, dijo.

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