EXPANDEN FUERZA DE DEPORTACIÓN

La administración Trump está identificando rápidamente medios para formar la fuerza nacional de deportaciones que el presidente Trump prometió durante su campaña.

En la evaluación interna del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que The Washington Post obtuvo se muestra que la instancia ya localizó 33 mil camas de detención más destinadas a albergar a inmigrantes indocumentados, inició pláticas con docenas de corporaciones policiacas locales a las cuales podría darse autoridad para efectuar detenciones e identificó dónde podría iniciar la construcción del muro fronterizo de Trump.

La dependencia considera acelerar la contratación de cientos de nuevos agentes de Aduanas y Patrulla Fronteriza, incluyendo poner en ciertos casos fin a los exámenes físicos y a la prueba con detectores de mentiras, según los documentos.

Pero los planes podrían congelarse debido a los prohibitivos costos descritos en el informe interno y a la resistencia en el Congreso, donde muchos legisladores ya están oponiéndose a aprobar miles de millones de dólares para el muro y otras medidas de seguridad fronteriza.

Funcionarios gubernamentales señalaron que los planes son preliminares y no han sido revisados por directivos de DHS, pero la evaluación arroja luz sobre los planes que la instancia lleva a cabo tras bambalinas con el fin de acatar las dos órdenes ejecutivas que Trump firmó en enero para aumentar las deportaciones y reforzar la vigilancia fronteriza.

Defensores de los derechos de inmigrantes dijeron que los planes son un innecesario desperdicio de dinero y recursos que están enfocados a intimidar a los 11 millones de indocumentados en el país, muchos de los cuales han vivido en Estados Unidos por más de una década.

Aunque el secretario de Seguridad Interna, John F. Kelly, ha manifestado que el DHS no pretende hacer deportaciones masivas, las medidas ejecutivas de Trump ampliaron de manera extensa el número de inmigrantes indocumentados cuya expulsión se considera prioritaria.

“A este Gobierno le interesa mucho crear la infraestructura para una deportación masiva y establecer los medios conducentes para una policía estatal”, dijo Marielena Hincapié, directora ejecutiva del Centro Nacional de Derecho Inmigratorio. “En estos documentos, hay más pruebas y evidencia de que están planeando llevarlo a cabo”.

Los congresistas demócratas, quienes se han opuesto a la agenda inmigratoria de Trump, se han declarado escépticos de que el Congreso llegue a aprobar los fondos para muchas de las costosas propuestas.

Pero en la evaluación del DHS se indica que la Patrulla Fronteriza seguirá adelante con la construcción de un prototipo del muro fronterizo con los 20 millones de dólares que los legisladores asignaron en marzo, terminando el prototipo para el 22 de julio.

Si el Congreso destinara más dinero, según los documentos, el siguiente paso para Aduanas y Protección Fronteriza sería empezar a colaborar con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para iniciar las obras de 34 millas (54 kilómetros) de muro de dique o barrera fronteriza en el sector del Valle del Río Grande, considerado por la instancia “la región de mayor prioridad”, así como 14 millas (22 kilómetros) adicionales de barrera fronteriza en el sector de San Diego.

A lo largo de todos los documentos de evaluación del DHS se mencionan inquietudes en torno al costo. Si bien Inmigración y Aduanas ha identificado 27 centros potenciales que podrían elevar a 21 mil camas su espacio para detenciones, la dependencia “no será capaz de garantizar una mayor capacidad de detención hasta que se haya identificado el financiamiento”, de acuerdo con los documentos.

Asimismo, el CBP ha tomado medidas destinadas a ampliar su capacidad de detenciones con 12 mil 500 espacios, pero la dependencia no ha dicho si cuenta con fondos para lo anterior.

CBP también está haciendo preparativos para la posibilidad de llevar a cabo audiencias ante tribunales inmigratorios a través de videoconferencias en los puertos estadounidenses de entrada o cerca de éstos si México accede a resguardar a los inmigrantes de otros países que se hallen esperando su proceso en el sistema legal de Estados Unidos, se muestra en los documentos.

El Gobierno mexicano se ha opuesto a dicho plan, el cual despertaría considerables inquietudes jurisdiccionales. Pero de establecerse ese sistema, costaría 50 mil dólares adicionales por cada ubicación por el equipo de video, se indica en los documentos del DHS.

Están contemplándose asimismo planes de enviar a los jueces federales a las Cortes de los puertos de entrada, a pesar de que dicho esquema costaría 400 mil dólares por ubicación.

Un área en la cual el Gobierno de Trump podría elevar su capacidad deportadora a costos relativamente menores es ampliando el programa con el que ICE otorga a las corporaciones policiacas locales autoridad tradicionalmente limitada al Gobierno federal. En las órdenes ejecutivas presidenciales se da a la dependencia instrucciones de ampliar el programa y permitir a CBP, que anteriormente no participaba, lanzar su propia versión –con la esperanza de multiplicar las corporaciones dedicadas a la deportación.

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