FISCALES VAN TRAS CRIMEN ORGANIZADO

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En sus primeros seis años de actividades, un grupo de investigadores locales y de agencias estatales ha contribuido al enjuiciamiento de casi 5 mil personas por delitos de crimen organizado en la frontera con México.

En su más reciente informe público, la Unidad de Investigación Fronteriza (Border Prosecution Unit, o BPU) revela haber intervenido en casos de secuestro, extorsión, narcotráfico, asesinato, ‘lavado’ de dinero y actividades de pandillas.

El grupo, del cual el fiscal de Distrito del Condado de El Paso Jaime Esparza es integrante, ha reportado su mayor actividad en los condados del Oeste de Texas, que incluyen a esta ciudad.

El área de trabajo de BPU incluye 40 condados cercanos a la frontera, siendo el de Cameron (Brownsville) el que más se le acerca a El Paso en cuanto al número de casos de esta índole investigados.

“Este reporte nos ayuda a conocer más sobre los demás condados, pero también le ayuda al Capitolio de Texas a conocer mejor estas comunidades, ya que se incluyen datos de cada uno de los condados”, dijo Claudia Durán, administradora de proyectos de la Fiscalía de Distrito paseña.

La Unidad trabaja con el Departamento de Seguridad Pública (DPS), los Texas Rangers, la Patrulla de Caminos y otras agencias estatales para desmantelar las estructuras del crimen organizado, llámense cárteles de la droga o pandillas callejeras.

El grupo ha contribuido, a través de investigaciones o compartiendo información, en arrestos, de los cuales 2 mil 900 han sido de delincuentes considerados como de alto riesgo, según el informe.

La Unidad de Investigación Fronteriza fue creada en el 2009 por la Legislatura texana, que decretó la entrega de subsidios para financiar operaciones de seguridad fronteriza a policías y fiscales estatales. El dinero se ha utilizado en entrenamientos especializados, equipo y la contratación de fiscales que se especialicen en crímenes fronterizos y pandillas.

Los fondos se utilizan para desarrollar una red de intercambio de información entre los fiscales fronterizos, agentes del DPS y departamentos policiacos locales para detectar y combatir las actividades del crimen organizado, incluyendo las organizaciones transnacionales, o cárteles.

 

Expectativas presupuestales

El informe presentado ante la Corte de Comisionados la semana pasada, tuvo como objetivo asegurar la autorización para pedir nuevamente fondos estatales para BPU; el año anterior fueron 876 millones de dólares.

De ese dinero, más de la mitad (470 millones) serán utilizados para pagar a los investigadores y su personal de apoyo. Este próximo año se planea la contratación de un nuevo fiscal para la Unidad Antipandillas (TAG).

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