NO LOGRAN ASILO TRAS VIOLENCIA EN OTROS PAÍSES, DENUNCIÓ BORDERLAND

Se estima que las garitas internacionales de entrada al país a nivel local reciben mensualmente hasta 300 casos de personas desplazadas, que en su mayoría huyen de la violencia y buscan asilo en este país, de ellas el 99 por ciento no logra su objetivo, denunció ayer Borderland Immigration Council (BIC).

El reporte ‘Discreción para Negar’ de BIC, que incluye más de cien casos de solicitantes de asilo político en el sector de El Paso, evidencia que las personas que buscan asilo son detenidas en su “mayoría de manera indefinida, sin razón justificada y separadas de sus familias por parte de las autoridades migratorias”.

“El reporte Discreción para Negar destaca los impactos devastadores de la aplicación injusta, irresponsable y arbitraria de inmigración en el sector de El Paso. Uno de los mecanismos utilizados para separar las familias, eliminar a los solicitantes de asilo y mantener a las personas en situaciones de detención prolongada es el fracaso de las agencias del Departamento de Seguridad Nacional para utilizar su discreción en las decisiones que toman”, denunció Jessica K. Miles, abogada de inmigración en El Paso y miembro de BIC.

Entre septiembre de 2016 y enero de 2017, el Instituto Fronterizo Esperanza (HBI), cofundador y miembro de BIC, realizó una investigación profunda sobre las políticas y prácticas de aplicación y detención en el sector de El Paso.

En el reporte se documentan casos para ilustrar las prácticas sistemáticas y generalizadas que disuaden a los solicitantes de asilo y criminalizan a los inmigrantes en el Sector de El Paso explicó Carlos Spector, abogado de inmigración de El Paso y miembro de BIC.

“No se trata de casos aislados de abuso, sino de prácticas culturales profundamente arraigadas. En la mayoría de los casos las personas que solicitan asilo son detenidas por meses sin razón alguna puesto que no representan un peligro para la seguridad nacional”, dijo Spector.

Nuevos jefes, políticas más duras

En el reporte BIC destaca las tendencias en la aplicación de la ley de inmigración, que según Miles se agudizaron con la llegada de Corey Price como director de campo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en diciembre de 2015.

“Estas prácticas hacen que los solicitantes de asilo sean disuadidos para emprender demandas legítimas de asilo, cuando son hostigados, intimidados, detenidos y deportados por ICE y por LA Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP)”, dijo Miles.

BIC le hizo un llamado a las directivas de ICE y CBP en El Paso, “para rectificar los fracasos identificados en el informe y para proteger los derechos fundamentales de migrantes y solicitantes de asilo”.

“Ellos tienen el poder y la capacidad de promover la justicia y preservar la integridad del sistema de justicia migratoria en el sector de El Paso y tienen nuestro apoyo para que esto suceda”, finalizó Miles.

Se estima que entre 2010 y 2015, el Departamento de Inmigración y Justicia de Estados Unidos llegó a recibir 15 mil solicitudes por año de mexicanos en busca de asilo, de éstas sólo el 1 por ciento la obtuvo.

Además, si la solicitud de asilo logra ser aprobada, es posible que en ocasiones solo tengan permiso para vivir en Estados Unidos, pero no trabajar, esto porque las autoridades de migración ponen muchas condiciones en la residencia en Estados Unidos.

De acuerdo con ICE, cuando los oficiales de migración no pueden confirmar la admisibilidad de las personas solicitantes de asilo y de las que huyen de persecución, estas son designadas como ‘extranjeros que llegan’.

Entonces ICE lleva a cabo un proceso en dos fases para determinar si el ‘extranjero que llega’ debe ser puesto en libertad condicional.

“En primer lugar, se debe demostrar que no presenta riesgo de fuga o un peligro para la seguridad. No obstante, aunque se satisfaga este requisito, sólo un limitado grupo de no ciudadanos resultará elegible para obtener su libertad condicional”, dictan los lineamientos de la agencia federal.

Dicha decisión discrecional no es susceptible de revisión judicial

y ICE podrá requerir otras garantías por parte del detenido antes de ponerlo en libertad, tales como pagar una fianza o reportarse periódicamente.