MARINA INDEMNIZA A TOTOABERO HERIDO EN HÁBITAT DE VAQUITA MARINA EN 2019

La impunidad en el combate a la captura ilegal de Totoaba, va más allá de dejar que los pescadores furtivos operen a sus anchas en el Alto Golfo de California, ya que en el único caso que se conoce de una persecución y enfrentamiento para capturar a traficantes, la Secretaría de Marina (Semar), terminó pagando un «Convenio de reparación del daño», por las heridas infringidas con arma de fuego a Enrique García Sandez mejor conocido como «El Kiki».

El 28 de marzo de 2019, Excélsior dio a conocer que marinos hirieron a un conocido «totoabero» de San Felipe, Baja California, después de corretearlo por mar y tierra con redes prohibidas y un ejemplar de pez Totoaba, lo que desencadenó ataques de una turba con piedras y bombas molotov contra el cuartel de la Marina y la quema de las instalaciones de la Profepa en la comunidad, donde estaban resguardadas camionetas, embarcaciones, redes y expedientes.

El lesionado, Enrique García Sandez «El Kiki», fue hasta 2013 inspector de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), asignado a la región para tratar de salvar a la vaquita marina justamente de las redes prohibidas colocadas en su hábitat para pescar la Totoaba y obtener sus vejigas natatorias o buches con una alta demanda en el mercado negro de China.

De acuerdo con la información obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la Semar entregó a la esposa de «El Kiki» dos cheques de Banjercito por un monto total de 20 mil 556.65 pesos. El primero con fecha del 29 de abril de 2019 por nueve mil pesos y el segundo el 7 de octubre de 2019 por un monto de 11 mil 556.65 pesos.

Los pagos salieron de la partida «Gastos de Seguridad Pública y Nacional», a través de la Unidad de Inteligencia Naval, para la «devolución de los gastos generados por atención posterior a su alta hospitalaria, entre los que se encuentran consultas y estudios médicos».

El «Convenio de reparación del daño», se logró luego de que los familiares de Enrique García Sandez presentaron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que quedó asentada con el número CNDH/2/2019/2656/Q.

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