COMISIÓN DE TRANSICIÓN PRESIDENCIAL EN BOLIVIA ACUSA A ÁÑEZ DE OPERAR «SOLO PARA SU BOLSILLO»

La Comisión de Transición Presidencial de Bolivia, que organiza el traspaso de mando al presidente electo Luis Arce, reveló este viernes las condiciones en las que el Gobierno de facto encabezado por Jeanine Áñez entrega el poder, luego de casi un año de gobierno de facto.

«Ha sido gente que ha operado solo para su bolsillo, ha sido gente que solamente ha pensado en ellos, en robar«, dijo, en conferencia de prensa, Wilfredo Chávez, quien lidera la comisión.

Chávez sustentó esta afirmación con la información que ha recibido de algunas instituciones visitadas por comisión, y que quedará asentada en el informe que será entregado a Arce tras su asunción, prevista para el próximo domingo 8 de noviembre. El propósito de ese documento es que el mandatario entrante «tome decisiones inmediatas con relación a las urgentes necesidades que tiene el Estado».

Según Chávez, los integrantes del grupo de enlace fueron «maltratados» durante sus tareas, previas a la toma de posesión de Arce. «Hemos notado un irrespeto absoluto a la comisión, solo en algunos despachos hemos tenido la presencia de los ministros y viceministros, en los demás han sido autoridades menores», recalcó.

No obstante, aseguró que con la información que recibieron lograron corroborar «el año de caos» que vivió Bolivia después del golpe de Estado contra Evo Morales. En sus palabras, la gestión de Áñez se traduce en «un año de robo».

El comisionado recordó que el gobierno de facto alardeó con haber dejado 17.000 millones de bolivianos (casi 2.500 millones de dólares) en las arcas del Estado. Sin embargo, señala que lo que han conseguido es una «deuda flotante» y un país casi «en ruinas».

Cinco casos «emblemáticos»

Entre otras cosas, el comisionado denunció cinco casos, que denominó «emblemáticos», de lo que han encontrado hasta ahora, puesto que faltan algunas instituciones por brindar su información de su estatus actual.

El primer caso que nombró Chávez fue el de un «extraño» robo de «computadoras y de documentación« en el Ministerio de Salud, ocurrido la noche del jueves. Meses atrás, en esa cartera hubo una polémica por la adquisición de respiradores con sobreprecio a una empresa española, en medio de la pandemia del coronavirus. «Han actuado delincuencialmente para llevarse la información», comentó.

Otro de los casos mencionados fue el desembolso que el Ministerio de Obras Públicas, a través del Viceministerio de Vivienda, hizo apenas «unas horas atrás» de más de 240 millones de bolivianos (37 millones de dólares) a la compañía del empresario boliviano Rosendo Barbery para la presunta construcción de viviendas. Al respecto, Chávez consideró que con esto «se han dado un aguinaldo» antes de dejar el poder.

Asimismo, destacó la entrega de dos propiedades, de cerca de 40.000 hectáreas, a la familia Marinković, ligada al último ministro de Economía de Áñez, Branko Marinković.

Esa misma familia estuvo vinculada a la escalada de violencia que vivió Bolivia en 2008, —que aupaba una separación del país—, entre el 21 y el 26 de octubre. A los Marinković, dijo Chávez, les devolvieron, entre otras cosas, la Laguna corazón (en el departamento de Santa Cruz), por la cual hubo un pleito con comunidades indígenas, puesto que no le permitían el acceso a esa fuente de agua.

Otro de los temas es el relacionado a hidrocarburos. Chávez recalcó que el gobierno de facto no cumplió con las responsabilidades «de prever los recursos económicos para la subvención del diésel«. A su juicio, lo que pretendía la administración saliente con esa falta era «crear zozobra en la población» y en el sector agricultor: «quieren dejarnos una bomba de tiempo», insistió.

Durante la administración de Áñez, además, no se repartieron los subsidios de lactancia y prenatal, precisó Chávez.

«Nosotros no vamos a buscar ningún revanchismo, solamente pedimos justicia«, manifestó el comisionado, tras mencionar que «quienes amenazaban» al pueblo boliviano no «han tenido la valentía de quedarse» en el país.

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