EVIDENCIAN POSIBLE NEXOS DE HUGO AMED CON NARCOS

Durante la audiencia inicial contra Hugo Amed S.A. se advierten elementos de prueba que develan sus posibles nexos con el grupo delictivo “Los Salazar” y que era, como lo mencionaba Miroslava Breach Velducea en un audio, el mensajero entre el grupo criminal y el Gobierno, dijo Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica. 

“Muchas de las exigencias que hemos puesto a la autoridad federal es que se indague esta línea de investigación, la cuestión política, que exista una investigación seria para saber si existió o no participación de actores políticos del Gobierno de Chihuahua en el asesinato de Miroslava”, expuso.

Aseguró que durante la audiencia inicial no salió a la luz el nombre del gobernador Javier Corral Jurado.

“Lo que sí es un tema que sale constantemente es la cuestión de la narcopolítica, cómo el grupo de Los Salazar se infiltró y controla la política de la Sierra y sobre todo en el municipio de Chínipas”, cuestionó la activista. 

Dijo además que con toda la información que el Gobierno del Estado posee en torno a ese grupo delictivo, “resulta alarmante y llama la atención que no generen estrategias y políticas para su captura y que ellos (los Salazar) sigan trabajando con tanta libertad e impunidad en el estado”.

La captura del exalcalde, que sostuvo como jefe policiaco a un personaje ligado al grupo criminal, es la muestra de una labor eficiente en la investigación, planteó. La abogada declinó hablar en torno a otros dos políticos y militantes panistas que sólo fueron considerados como testigos por la Fiscalía General del Estado (FGE).

“Recordemos que mucho de lo que defendía el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, es que ninguno de estos tres actores, los “mensajeros del narco” como los mencionaba Miroslava, estaban involucrados. Esta orden de aprehensión que se ejecutó y la audiencia inicial contra Hugo Amed nos da cuenta de que sí pudo tener una probable responsabilidad en el homicidio”, dijo Mendiola. 

“Por ello aplaudimos y reconocemos el esfuerzo de la Feadle (Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión) de ahondar en estas líneas de investigación, precisamente la línea política y que haya logrado esta orden de aprehensión”.

Dijo que al acusado lo defienden dos abogados particulares de los que no contaba con datos generales.

“Respecto a la prisión preventiva es una medida cautelar que está aplicada conforme a derecho y tiene su fundamento en el artículo 19 constitucional. En el caso de Miroslava se trata de un delito de homicidio doloso y pues bueno, este tipo de delito exige prisión oficioso, por eso la jueza estableció esa medida hasta en tanto se resuelva la situación legal de Hugo Amed”, subrayó.

Agregó que la continuación de la audiencia inicial será el próximo 22 de diciembre a las 15:00 horas, donde se resolverá la situación jurídica del mismo.

Si el 22 de diciembre no fuera vinculado a proceso, sería puesto en libertad, pero si la jueza encuentra elementos suficientes la prisión preventiva le durará durante todo el proceso, es decir, hasta que haya una sentencia en primera instancia, dijo.

‘Prioritario, la política’

Mendiola reiteró que es prioritaria la investigación respecto de los responsables políticos. 

“Creemos que existe suficiente base con los datos de prueba que presentó la Feadle, son 46 datos, entre ellos testimonios de testigos de identidad reservada y entrevistas, peritajes de autoridades, un análisis del contexto serio del trabajo periodístico que Miroslava estaba desarrollando y cómo el contenido de sus notas estaba tocando intereses de políticos y del grupo Salazar”, abundó.

Esto queda evidenciado en la llamada telefónica en la que graban a Miroslava y donde le exigen sus fuentes, que ella las revele, y Miroslava asienta que ella es su propia fuente de información de lo que está publicando.

“Ése es otro dato de prueba importantísimo que la Fiscalía local no contemplo. La Fiscalía local del Gobierno de Chihuahua durante el tiempo que tuvo la investigación en sus manos no abrió ninguna línea de investigación hacia políticos involucrados. Ellos en su teoría del caso los involucrados eran solamente actores que pertenecen al narcotráfico, entre ellos Juan Carlos Moreno Ochoa, que ya está sentenciado; Jazziel Vega, que está prófugo de la justicia, y la persona que detona el arma que ha sido asesinada”, agregó.  La abogada insiste en que en la Fiscalía General del Estado, que encabeza César Augusto Peniche Espejel y quien por muchos años fungió como delegado de la entonces PGR, solamente figuraban estas tres personas como responsables.

“Y no había una sola línea que apuntara hacia la posible participación de actores políticos y es algo que sí viene a hacer la Fiscalía federal”, agregó.

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