ACUSAN A 5 POR CONTRABANDO DE DROGAS E INDOCUMENTADOS

Autoridades federales presentaron ayer dos denuncias penales en las que se acusa a cinco personas de contrabando de mariguana y metanfetamina por un valor estimado de 5.4 millones, así como de 77 indocumentados, anunció el fiscal federal Gregg N. Sofer.

En la investigación participaron también el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) Erik P. Breitzke; la agente especial a cargo de la Administración de Control de Drogas (DEA), Kyle W. Williamson; la jefa de la Patrulla Fronteriza del Sector El Paso Gloria I. Chávez, y el agente de patrulla principal del Sector Big Bend, Sean L. McGoffin.

De acuerdo con las autoridades federales, la denuncia penal acusa a cuatro ciudadanos mexicanos: José Jesús Cárdenas-González de 40 años, Cristian Armando Lucero-González de 21 años, Damián Arturo Izaguirre-Velásquez de 27 años y Luis Francisco Galaz-Baldenegro de 36 años, con un cargo de conspiración para transportar indocumentados ilegales.

La otra denuncia penal acusa al ciudadano mexicano de 25 años Manuel Uriel Pinuelas Salas de posesión con intención de distribuir una sustancia controlada.

Según documentos judiciales, el 28 de enero de 2021, los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvieron cinco camionetas que viajaban en caravana aproximadamente 10 millas al Norte de la frontera en Lopez Road, cerca de la base de la cordillera Quitman en el Condado de Brewster.

Los agentes descubrieron un total de 77 extranjeros ilegales dentro de cuatro vehículos. El quinto vehículo, conducido por Pinuelas, contenía más de 450 libras de mariguana y más de 157 libras de metanfetamina.

Tras ser declarado culpable, Pinuelas enfrentaría entre 10 años y cadena perpetua en una prisión federal.

Los otros cuatro acusados enfrentarían hasta 20 años de prisión federal al ser declarados culpables. Los cinco permanecen bajo custodia federal a la espera de las audiencias de detención que se prevé tendrán lugar a finales de esta semana, se informó.

La HSI, la DEA y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos continúan investigando este caso.

Spencer Kiggins, fiscal federal adjunto, está procesando este caso en nombre del Gobierno.

Una denuncia penal es simplemente un cargo y no debe considerarse como prueba de culpabilidad. Los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal de justicia. 

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