ACUSAN A CBP DE INTERFERIR EN MUERTE DE MIGRANTE

La actual dirección de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) formó parte en un esfuerzo para proteger a agentes por la muerte en 2010 de un hombre que recibió varias descargas eléctricas tras ser detenido después de tratar de cruzar la frontera desde México a California de forma ilegal, según un documento de un caso internacional de derechos humanos.

El documento, que incluye tres testimonios de exfuncionarios y que fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se refiere a la muerte de Anastasio Hernández Rojas, de 42 años. Fue golpeado con porras y electrocutado varias veces mientras yacía tendido y con grilletes en el piso en el puerto de entrada de San Ysidro, en San Diego.

Hernández sufrió daños cerebrales, cinco costillas rotas y otras lesiones, según documentos judiciales, y murió días después en un hospital.

Una autopsia concluyó que las descargas, además del esfuerzo físico y el consumo de metanfetamina, contribuyeron a su muerte por un infarto.

El deceso atrajo un intenso escrutinio en 2012, tras la publicación de un video de un testigo en la televisora PBS que parecía mostrar a Hernández recibiendo una descarga mientras estaba tirado en el piso, rodeado por alrededor de una docena de agentes.

Según documentos judiciales, ocho policías y agentes de la CBP y otras agencias reconocieron haber utilizado la fuerza mientras otros nueve estaban presentes.

«Más que nada, quiero una disculpa por lo que los agentes fronterizos le hicieron a mi esposo», dijo la viuda de Hernández, María Puga, en un comunicado de la Clínica Internacional de Derechos Humanos de Berkeley, de la Universidad de California. «Lo trataron como a un animal, no como a un humano, y lo mataron. Destruyeron a mi familia y siguen destruyendo a otras familias. No pararán hasta que se les exijan responsabilidades».

La CBP no respondió de inmediato a correos electrónicos pidiendo comentarios en jueves en la noche.

A petición de la familia, el caso está siendo revisado por la CIDH, que ha examinado abusos de derechos humanos, incluyendo masacres y desapariciones, principalmente en Centroamérica y Sudamérica.

Esta es la primera vez que la comisión estudia acusaciones de asesinato extrajudicial que afecta a las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

El fallo de la comisión no tendrá validez legal en el país, pero una decisión negativa podría tener un impacto simbólico e internacional en la reputación de Estados Unidos.

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