FISCALÍA DE COLOMBIA PIDE CERRAR EL CASO CONTRA ÁLVARO URIBE POE PRESUNTO FRAUDE PROCESAL Y SOBORNO DE TESTIGOS

La Fiscalía General de Colombia solicitó cerrar el caso contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez por presunto fraude procesal y soborno a testigos.

En un comunicado publicado este viernes en su cuenta de Twitter, se informa que quien coordina la investigación, Gabriel Ramón Jaimes Durán, introdujo la «solicitud de audiencia de preclusión» ante el Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá, lo que significa que el expediente contra el expresidente podría ser archivado y no habría juicio.

La Fiscalía agregó que, tras la «valoración integral de los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida», se determinó que «varias de las conductas» por las que se vinculó jurídicamente a Uribe «no tienen característica de delito» y las que sí lo son, «no se le pueden atribuir como actor o partícipe».

Según el organismo de Justicia, estas conclusiones serán expuestas en una diligencia pública ante el juez penal del circuito que disponga el sistema de reparto y podrán ser controvertidas por el procesado y su defensa, la Procuraduría y «quienes reclaman su calidad de víctimas».

Horas antes de que se anunciara la decisión, el senador colombiano Iván Cepeda, contraparte del proceso contra Uribe por la supuesta compra de testigos, publicó en las redes que Jaimes no tomó en cuenta «miles de pruebas» y que «su solicitud de preclusión no tendrá ningún sustento probatorio y será una vergüenza para la justicia en Colombia«.

Uribe, quien gobernó Colombia de 2002 a 2010, es investigado por presuntamente dar compensaciones a testigos para que ofrecieran testimonios a su favor y lo desvincularan de su aparente relación con grupos paramilitares.

El 4 de agosto del año pasado, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó la detención domiciliaria de Uribe.

Unas semanas más tarde, el derechista renunció a su curul de senador y, como consecuencia de ello, el 1 de septiembre la CSJ trasladó su caso a la Fiscalía.

En octubre, Jaimes solicitó la libertad del exmandatario y unos días después le fue concedida.

El caso

Este caso contra Uribe se remonta a septiembre de 2014 —aunque las disputas venían de unos años antes—, cuando Cepeda, del Polo Democrático Alternativo (PDA), planteó en el Senado que Uribe había fomentado la presencia de paramilitares en el departamento de Antioquia cuando era gobernador.

En específico, Cepeda ha señalado a Uribe de haber fundado junto a su hermano Santiago el Bloque Metro, una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en la década de 1990.

El senador presentó testimonios de antiguos paramilitares encarcelados para sustentar su acusación. Entre los que testificaron está Juan Guillermo Monsalve, antiguo miembro del Bloque Metro de las AUC, quien cumple una sentencia de 40 años en una cárcel de Bogotá por secuestro extorsivo y concierto para delinquir.

Según su testimonio, el hermano del expresidente habría coordinado el transporte de votantes para las presidenciales de 2002, en las que Uribe ganó. Además, dijo que en la hacienda las ‘Guacharacas’, propiedad de los hermanos en San Roque (Antioquia) se planificaron una matanzas que luego los paramilitares habrían ejecutado

En respuesta a estas acusaciones, Uribe demandó a Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por la presunta manipulación de testigos, señalando que el senador buscó entre las cárceles a antiguos paramilitares para desprestigiarlo y, a cambio, les ofreció dádivas y beneficios.

Entre 2015 y 2018, la CSJ investigó a Cepeda y concluyó que los testimonios en su contra eran falsos. Por ello, el caso dio un giro, al determinar que Uribe presuntamente habría sobornado a terceros para testificar contra el senador; entonces la Sala de Instrucción II de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema decidió abrir una indagación contra el expresidente por haber cometido delitos de soborno y fraude procesal.

Varios de los testigos que declararon contra Cepeda han asegurado que Diego Cadenauno de los abogados de Uribeles pagó o presionó para que brindaran esos relatos.

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