MÓDULOS, INVIABLES PARA CONSULTA; EXPERTOS OPINAN

Aseveran que sería ilegal y no hubo voluntad de la cámara de diputados para entregar recursos para organizarla; sin embargo, AFIRMAN que el INE tiene que estudiar todas las posibilidades.

El escenario de poner casillas en los casi 900 módulos del INE para hacer la consulta popular sería “ineficaz”, “inviable” e “ilegal”, consideraron expertos electorales, luego que el INE estudia diversas alternativas ante la falta de recursos para organizar ese ejercicio de participación ciudadana.

 Los exconsejeros del INE, Pamela San Martín y Javier Santiago, coincidieron en señalar, en entrevistas por separado, que utilizar los módulos no acercaría la consulta a la ciudadanía y no cumpliría con que los ciudadanos sean quienes recojan la participación de sus vecinas y vecinos, lo que vulneraría la garantía de confianza que nos hemos dado los mexicanos para la democracia directa.

 Hay que señalar que en el país existen más de 2 mil 400 municipios, por lo que los casi 900 módulos del INE ni siquiera alcanzarían para tener un centro de participación en cada municipio del país.

El pasado 11 de febrero, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntó que se estudiaban diversos mecanismos como instalar 104 mil casillas en lugar de 163 mil en todo el país, para bajar costos, pero mencionó que, en caso de no tener los recursos para eso, los casi 900 módulos del INE en todo el país podrían convertirse en centros de participación y los trabajadores del INE instalar las casillas y contabilizar los resultados.

 Para el académico de la UAM Javier Santiago sería “ilegal”, pues “el fracaso de la votación estaría cantada” porque es un “ejercicio que nació muerto” ante la modificación de la pregunta por parte de la Suprema Corte, y la falta de “voluntad política” de la Cámara de Diputados para dar los recursos.”

En tanto, para la experta electoral Pamela San Martín, esta propuesta es “inviable”, pero es entendible que el INE tenga que explorar todas las posibilidades para lograr dar las garantías para que la ciudadanía ejerza su derecho, un derecho, que consideró, en esta primera consulta, no tendrá efectos claros de la voluntad de los ciudadanos, en los hechos.

 

Actualmente, la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto la controversia que interpuso el INE, ante la omisión de los diputados de aprobar los mil 500 millones de pesos que solicitó para realizar la consulta y, por otro lado, el INE busca allegarse de “algo” de esos recursos, mediante negociaciones, a fin de poder cumplir con su obligación de organizar la primera consulta popular en agosto de este año.

ALTERNATIVA INVIABLE, INEFICAZ E ILEGAL

Para que el resultado de la consulta sea vinculante se necesita que al menos 40% de los inscritos en la Lista Nominal participen en la consulta; eso significa lograr que 37.5 millones de ciudadanos acudan a las mesas de participación en agosto próximo.

Si se habilitaran los 900 módulos del INE, como centros de participación, en promedio, cada uno necesitaría la participación de 41 mil 678 ciudadanos por módulo.

 El académico Javier Santiago, opinó que los módulos “serían insuficientes para el caso de que hubiera la voluntad de 40% para ir a votar. Los lugares quedarían muy lejos y se daría un asunto de aglomeraciones en centros de votación en medio de la pandemia”. 

Algunos ejemplos

El Estado de México tiene 12.3 millones de ciudadanas y ciudadanos, y cuenta con 76 módulos en todo su territorio, lo que significaría que cada módulo tendría que poder atender a más de 16 mil ciudadanos, si es que todos quisieran participar.

El municipio más poblado del país es Ecatepec; necesitará unas 2 mil casillas estas elecciones para diputados para atender a 750 ciudadanos por casilla. Pensando en que se puedan incluir mil 500 boletas por casilla, aún así necesitaría mil casillas.

En el caso de los módulos, Ecatepec cuenta con cinco MAC´s del INE, y con 1 millón 242 mil 452 ciudadanas y ciudadanas, por lo que cada módulo tendría que tener la disponibilidad para atender a 248 mil 490 personas.

Otro ejemplo, en Chihuahua, los tarahumaras que viven en Temósachic, tienen el módulo del INE más cercano en el municipio de Cuauhtémoc, es decir, 1 hora 40 minutos en auto de distancia, aunque el INE cuenta con módulos móviles que podrían llevarles las papeletas. 

En Temósachic se encuentran más de 5 mil ciudadanas y ciudadanas con credencial para votar.

MUCHOS ELECTORES

En Ciudad de México, ciudadanas y ciudadanos que habitan en Coyoacán tienen dos módulos y más de 566 mil votantes, por lo que cada módulo tendría que instalar casillas en promedio, para 283 mil posibles participantes.

La exconsejera del INE, Pamela San Martín, explicó que, a diferencia de otros países que cuentan con centros de votación con cientos de casillas, en México se decidió “acercar” las casillas a la población, por lo que el tema de los módulos “tiene muchos peros, tiene el pero de que no acercaría la consulta a los ciudadanos, tiene el pero de que no serían los propios ciudadanos y ciudadanas los que recibieran el voto de sus vecinas y sus vecinos”.

Agregó que “de origen, no es una alternativa viable como tal, tiene que ser analizada para construir otra solución, por supuesto que sí, pero como respuesta no genera las garantías y condiciones que nos hemos dado y que nos han generado confianza y consenso para el ejercicio democrático.

Sobre la legalidad de la medida, el exconsejero Javier Santiago subrayó que hay un “protocolo legal establecido y el hacerlo en los 900 módulos, convertidos en centros de votación no sería legal, así de simple el asunto”.

Ambos coincidieron en que, para este ejercicio, se requiere de la voluntad de las partes para dotar de recursos al INE a fin de que organice su realización.

“Es un ejercicio que nació muerto, no le están dando recursos porque además, la función propagandística ya la cumplió, porque fue una acción propagandística en vista a las elecciones, el asunto de difundir la posible responsabilidad de expresidentes en delitos ya cumplió con su objetivo propagandístico”, consideró Santiago.

Al mencionar que este ejercicio fue propuesto por el Presidente, revisado por la Suprema Corte, y al que no le otorgó recursos la Cámara de Diputados, la especialista electoral Pamela San Martín apuntó que “no puede haber este nivel de desarticulación y trasladarse al INE el tener que realizar un ejercicio sin contar con ningún elemento para hacerlo, lo que no significa que no deba haber un ejercicio enorme, enorme por parte del INE para buscar reducir los costos sin reducir las garantías”.

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