REANUDA AUDIENCIA DE MARU Y EX DIPUTADOS; ALISTA JUEZ RESOLUCIÓN

El juez de control Samuel Uriel Mendoza Loya reanudó la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de Maru Campos Galván, María Ávila Serna y Rodrigo de la Rosa Ramírez, dentro de la causa penal 2821/2020 por el delito de cohecho, a fin de resolver la situación jurídica de los imputados.

Tras 20 horas, a las 4:30 de la mañana, las partes concluyeron con la exposición de datos de prueba y argumentos, por lo cual el juzgador dictó un receso de no menos de dos horas para analizar los datos.

Sin embargo, el receso se prolongó por 14 horas y la audiencia se retomó poco después de las 7:00 de la tarde.

La Fiscalía atribuyó que Campos Galván, en su carácter de diputada local de la 64 legislatura, junto al diputado César Jáuregui Moreno, durante los años 2014 y 2015, solicitó y recibió de César Duarte, diversas sumas de dinero que consistieron en la cantidad de 7 millones de pesos de dinero en efectivo mediante 27 exhibiciones; la cantidad de 1 millón 180 mil pesos de dinero en efectivo mediante siete exhibiciones, la cantidad de 20 mil pesos del pago de su tarjeta de crédito Bancomer tipo Visa con número 4772143939003014, así como la cantidad de 1 millón 067 mil 200 pesos a favor de su hermano Manuel Campos Galván mediante 19 transferencias y depósitos bancarios.

A los ex diputados locales Rodrigo de la Rosa Ramírez y María Ávila Serna, los acusó de recibir la cantidades de 2 millones 500 mil pesos y 3 millones 457 mil 112 pesos de parte del ex gobernador.

De acuerdo con la acusación, los entoncees diputados habrían recibdo dichos recursos con la finalidad de apoyar a César Duarte Jáquez con motivo de sus atribciones en sus peticiones e iniciativas ante el Congreso del Estado como la aprobación de asuntos de la hacienda pública y de fiscalización.

La defensa de Maru Campos y María Ávila atacaron la teoría del caso de la Fiscalía, al señalar que es falso que sus representadas hayan recibido recursos por aprobar las bursatilizaciones de 25 mil millones de pesos en 2013 y la de 6 mil millones de pesos en 2016, pues el primer caso fue un asunto de la legislatura anterior y en el segundo ninguna de ellas era diputada.

Por otra parte cuestionó las declaraciones de dos testigos con identidad reservada pues tienen calidad de coimputados y fueron recabadas sin los controles procesales que exigen las leyes.

También argumentó que el notario público No. 4, Luis Raúl Flores Sáenz, nunca tuvo a la vista los recibos originales presuntamente firmados por Maru Campos, por lo que las copias certificadas de estos documentos que presentó el Ministerio Público, no tendrían validez.

Finalmente señaló que la Fiscalía acusó falsamente a Manuel Campos Galván, hermano de la candidata panista, de celebrar un contrato simulado a través de su despacho, Campos Galván Abogagados, con gobierno del estado, pues existen entregables del trabajo realizado y que, en caso de que hubiera alguna irregularidad, ésta no podría ser imputada a su representada porque nada tiene que ver con el despacho.

Como solicitud al juez, los abogados de ambas imputadas pidieron que se anularan diversas evidencias, entre ellas, copias de cheques, recibos, carta portes y las declaraciones de los testigos.

Por su parte, la defensa de de Rodrigo de la Rosa presentó como testigo a Gerardo Lerma, ex chofer del imputado, quien declaró que nunca llevó a Axel Lozoya Rougón a la Secretaría de Hacienda para recoger un millón 125 mil pesos en dos ocasiones, como lo planteó el MP.

El propio de la Rosa declaró ante el juez que nunca rebició recursos de Duarte Jáquez para aprobar sus iniciativas y solicitudes, pues su papel como coordinador de la bancada del PRI era, precisamente, apoyar la política del gobernador desde el Congreso del Estado.

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