COMISIÓN QUE INVESTIGA A BOLSONARO LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA PIDE INCULPARLO POR CRÍMENES CONTRA LA HUMANIDAD

La Comisión de Investigación Parlamentaria (CPI) que investiga la gestión de la pandemia en Brasil pidió este miércoles imputar a Bolsonaro por nueve delitos, entre ellos incitación al delito, crímenes contra la humanidad y curanderismo. Así lo comunicó el senador Renan Calheiros en una conferencia de prensa, en la que anunció que el informe será votado por los senadores el próximo martes, 26 de octubre. 

Calheiros leyó los principales puntos del informe final de la investigación, en un documento de unas 50 páginas, en el que se enumeran los fallos en los que habría incurrido la gestión del mandatario y que, de acuerdo a las estimaciones, impidieron que se evitara el 40 % de las muertes por covid-19 durante la pandemia.

La falta de una «estrategia bien delineada» para la detección y combate del coronavirus, incluso hasta mediados de este año, así como la «inoperancia» de las instancias sanitarias para ejecutar un plan integral y el insistente llamado del Gobierno para desestimar los protocolos para evitar la infección, fueron algunas de las causas que la comisión atribuye al elevado índice de contagios y mortalidad en el país suramericano.

Para Calheiros, se trató de una «estrategia macabra» que evitó que se salvaran miles de vidas. No obstante, para la comisión, el retraso en la compra de vacunas fue «la más grande omisión» de Bolsonaro. 

El informe final, fruto de seis meses de investigación, dibuja un panorama en el que la negligencia, la incompetencia y el negacionismo anticientífico de Bolsonaro habrían sido la causa de la «estratosférica» mortalidad de la epidemia en Brasil, donde más de 603.000 personas han fallecido desde el inicio de la crisis sanitaria, en febrero del año pasado.

El senador Calheiros ya había adelantado la semana pasada que tenían al menos 40 acusados y que se presentarían varios delitos para imputar al presidente. Este miércoles confirmó que estos son: 

  • Epidemia con resultado de muerte.
  • Infracción de las medidas sanitarias.
  • Incitación al delito. 
  • Uso irregular de fondos públicos.
  • Falsificación de documento particular.
  • Curanderismo.
  • Prevaricación.
  • Crímenes contra la humanidad.
  • Crímenes de responsabilidad.

Según medios locales, el informe también solicitaba la imputación del mandatario brasileño por los presuntos delitos de homicidio y genocidio indígena, pero las divergencias sobre este punto hicieron que finalmente se excluyeran en el documento final.

Entre los principales investigados se encuentran el exministro de Salud Eduardo Pazuello y su brazo derecho durante la gestión de la crisis del coronavirus, el coronel Élcio Franco; el actual titular de esa cartera, Marcelo Queiroga; el ministro del Trabajo, Onyx Lorenzoni; y el de Defensa, Walter Braga Netto. Eduardo, Carlos y Flavio Bolsonaro, hijos del mandatario, también aparecen en el informe acusados de presuntos delitos de incitación al crimen.

Bolsonaro, por su parte, reiteró este miércoles que ni él ni su Gobierno tenían la «culpa de absolutamente nada» en la gestión de la crisis sanitaria del covid-19 y, por el contrario, consideró que había hecho «las cosas correctas en el primer momento».

«Qué bueno sería si esa CPI hubiera estado haciendo algo productivo para Brasil. Se tomaron tiempo del Ministro de Salud, servidores, gente humilde y empresarios. No han producido más que odio y rencor entre algunos de nosotros», aseveró el mandatario en un evento en la ciudad de Ceará.

No obstante, al cierre de la lectura del resumen del informe, el senador Calheiros aseguró que fue gracias al trabajo de la comisión que se aceleró el ritmo de inmunización de la población -que hoy alcanza al 50% de la ciudadanía con las dos dosis anticovid-, y se «obligó al Gobierno a dejar de lado el negacionismo» contra las vacunas, lo que ha permitido disminuir el número de contagios y muertes por la enfermedad. «Ese ha sido nuestro mayor legado: vidas salvadas«, apuntó.

¿Qué pasará con las conclusiones del informe?

El informe final de la comisión no tiene poder de denuncia.Será el Ministerio Público quien decida si presenta una denuncia formal ante el Poder Judicial. En el caso de Bolsonaro, las denuncias se presentarán ante el fiscal general de la República, Augusto Aras, uno de los aliados del presidente y que cuenta con potestad para entablar acciones penales contra él.

Aras tendrá 30 días para presentar las denuncias ante el Supremo Tribunal Federal (STF), pero puede optar por archivar el caso. Algunos senadores han informado que para evitar que las denuncias caigan en saco roto también se presentarán ante un Tribunal de Cuentas, la Policía Federal y un tribunal internacional.

Los expertos concuerdan en que Bolsonaro sigue contando con muchos apoyos en el Congreso y que será poco probable que las denuncias le afecten a nivel judicial. Lo que sí le perjudicará es en su ya desgastada popularidad, que se ha desplomado hasta mínimos. 

Bolsonaro tiene la vista puesta en las elecciones de octubre de 2022, pero los sondeos sitúan al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, que todavía no ha presentado su candidatura, como favorito. Pero el daño a su imagen pública puede ser irreversible, más después de que este lunes familiares de las víctimas del coronavirus brindaran un crudo y emotivo testimonio la CPI.

Principales revelaciones de la CPI

Desde que se dio inicio a la CPI, el pasado mes de abril, han comparecido más de 60 personas, y a medida que los 11 senadores que integraron la comisión avanzaban en sus indagaciones fueron apareciendo nuevos casos. Estos son algunos de los principales temas que han sido investigados: 

  • Gabinete paralelo

El exministro de Salud, Henrique Mandetta, convertido en un gran crítico de las medidas Bolsonaro, fue el primero en denunciar la existencia de un gabinete paralelo. Se trata de un grupo que no tiene relación con el Ministerio de Salud y que asesoraba al Gobierno y apostaba por medicamentos sin eficacia científica comprobada contra el covid-19, como el medicamento antipalúdico hidroxicloroquina.

  • Colapso en Manaos

En pleno auge de la pandemia, Manaos, capital del Estado de Amazonas, sufrió en enero una grave crisis tras la falta de respiradores de oxígeno y murieron miles de personas. A pesar de estar al corriente de la situación, el Gobierno decidió no decretar la intervención federal.

 
  • Vacuna Covaxin 

Uno de los casos más destacados estos meses en la CPI ha sido el de las supuestas irregularidades en un contrato de compra de la vacuna india Covaxin, que nunca se llegó a efectuar. La Corte Suprema incluso ordenó investigar si el mandatario cometió prevaricación al no denunciar lo sucedido, ya que supuestamente estaba enterado.

En este contexto, también se denuncia la decisión «deliberada y consciente» de Bolsonaro de retrasar la compra de vacunas contra el coronavirus, que habría significado la muerte innecesaria de miles de ciudadanos, según el informe.

«La elección deliberada y consciente del Presidente de la República en la no adquisición de vacunas», dice el texto, «se basó en la creencia infundada en la tesis de la inmunidad colectiva por contaminación natural». Esta opción, según la investigación, «devaluó la vida humana y aceptó el resultado de la muerte de personas que se infectaron». «Las matemáticas en esta situación son claras: cuantas más infecciones, más muertes. Sin una vacuna, la mortalidad sería estratosférica, como así fue», concluye.

  • Caso Prevent Senior 

Un grupo de médicos denunció a la red hospitalaria Prevent Senior, que se encarga de la atención de ancianos, de sufrir presiones para recetar medicamentos sin eficacia científica comprobada sin el consentimiento de los pacientes y maquillar las cifras de fallecidos. Los profesionales aseguraron que el «gabinete paralelo» no solo tenía conocimiento de lo ocurrido, sino que acompañó de cerca las prácticas de la empresa. El caso está en investigación por la Fiscalía de Sao Paulo.

El analista político Carlos Alberto Almeida califica de «escandalosa» la gestión de la pandemia por parte de Bolsonaro. Según opina, el mandatario «deliberadamente programó el retardo de medidas de prevención, incluyendo la vacunación y ridiculizó las vacunas». Este relatorio llega en un momento de una «grave crisis económica, sanitaria y política, donde un sector del bolsonarismo también quiere sacar a Bolsonaro», agrega.

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