La autora del libro Los Demonios del Edén, ‘El Poder que Protege la Pornografía Infantil’, publicó en la red social X que la juzgadora sólo impuso una multa de 100 mil pesos al también llamado “góber precioso”, quien en 2005 la mandó a encarcelar por una conjura entre Marín y el empresario textilero Kamel Nacif Borge, mismo que se encuentra refugiado el El Líbano, a donde huyo luego de los demás participantes del agravio fueron detenidos en México.
Marín Torres fue detenido en febrero de 2021 en la casa que una de sus hermanas tiene en Acapulco y que el ex mandatario priísta usó para esconderse durante varios meses. Luego, fue internado en la cárcel de Cancún, Quintana Roo, y posteriormente llevado al penal del Altiplano, el cual abandonará en las próximas horas para enfrentar los cargos que se le imputan en libertad.
Cacho Ribeiro informó que sus abogados están exigiendo que a Marín se le imponga un brazalete electrónico, para disuadirlo de fugarse.
La también defensora de derechos humanos externó que la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, consideró que el “góber precioso” “no es peligroso” (sic).
“Lo liberan justo en la recta final en la que esperábamos firme por tortura. Así el poder del ex gobernador de Puebla dentro del Poder Judicial”, sentenció la comunicadora.
La noche del pasado 6 de agosto, otro involucrado en la tortura a Lydia Cacho Ribeiro, Hugo Adolfo Karam Beltrán, obtuvo un amparo para también poder gozar de libertad en la casa penal que se le sigue por tortura.
El 14 de febrero de 2006 La Jornada dio a conocer una serie de grabaciones telefónicas que exhibieron conversaciones entre Marín y Nacif, para escarmentar a Cacho, luego de que ella sañalara a Jean Succar Kuri, amigo del segundo, como cabeza de una sofisticada red internacional de pederastia y pornografía infantil de la cual también participaban encumbrados políticos mexicanos.
En los diálogos se probaba como el entonces titular del Poder Ejecutivo poblano y el llamado “Rey de la Mezclilla” habían planeado el encierro de la periodista y su posterior tortura a manos de presas del reclusorio de San Miguel en Puebla, a quien les iban a encargar que la violaran.
La detención de Lydia Cacho se ejecutó el 16 de diciembre de 2005. Agentes de la entonces Policía Judicial del Estado de Puebla (hoy Policía Ministerial) fueron hasta Cancún a aprehenderla sin contar con un permiso para actuar en Quintana Roo y durante el trayecto de regreso a Puebla le insinuaron que podían asesinarla.
El encarcelamiento de la periodista generó de inmediato reacciones de indignación y reprobación más allá de México y por eso se determinó su libertad al día siguiente. Dos entrevistas con los periodistas Joaquín López Dóriga y Carlos Loret de Mola en Televisa, terminaron de sepultar a Marín, quien no pudo tener jamás apariciones públicas fuera de Puebla, porque en los días subsecuentes comensales en restaurantes en la Ciudad de México y transeúntes que lo encontraban, le externaron su repudio.
Por su parte, Cacho demandó a Marín y su caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que lo exoneró y ni siquiera quiso emitir un exhorto a todas las autoridades mexicanas a condenar la explotación sexual infantil.
La informadora no desistió y llevó su causa hasta el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la cual ordenó al Estado Mexicano reponer el juicio contra “el góber precioso” y los demás implicados y, además, pedirle una disculpa a Lydia Cacho Ribeiro, lo cual ocurrió el 10 de enero de 2019. Paradójicamente la encargada de disculparse fue Olgas Sánchez Cordero, a la sazón, secretaria de Gobernación federal y quien como ministra de la SCJN no quiso condenar a Marín.
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