La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) emitió una “declaratoria formal de suspensión de actividades en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con exclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)”, y “exige la instalación inmediata de una mesa de diálogo con los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión, con facultades amplias para celebrar los acuerdos lícitos que sean necesarios y para ejecutarlos o proveer su ejecución”.
En su posicionamiento, con el ratifica que al primer minuto de este miércoles inicia un paro de todos los órganos que integran la Judicatura Federal, sostiene que su movimiento y suspensión de actividades “tiene validez jurídica y constituye causa lícita del acto jurídico de suspensión de actividades, la cual, además, tiene el carácter de pacífica al tenor de la Observación General 37 del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por lo que se hace saber a la opinión pública que bajo ningún concepto podría configurarse delito, causal de juicio político ni causa de responsabilidad administrativa, pues su finalidad no es trastocar el servicio público de administración de justicia sino defender un componente esencial del Estado de Derecho y del estatuto de las personas juzgadores del Poder Judicial de la Federación: la independencia judicial”.
Según las ponderaciones de la Jufed, su movimiento se invoca con base en principios de la Declaración Universal y la Convención Americana de los Derechos Humanos, así como en los artículos 5,6, 42, 43 y 47 de la Constitución mexicana, así como la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del estado, que a decir de la organización, “establecen que en la defensa de sus intereses gremiales o de la independencia judicial, los jueces pueden hacer uso de los distintos medios que las leyes ponen al servicio de cualquier ciudadano, tales como las coaliciones, esto es, los acuerdos gremiales transitorios para la defensa de intereses comunes de rango convencional y constitucional que permite, incluso, la suspensión temporal de labores”.
En el punto 9 de 15 que integran el documento que circula de manera restringida entre integrantes de la Jufed, «la suspensión de actividades jurisdiccionales constituye el medio para exigir a las fracciones parlamentarias del Congreso de la Unión que detengan el actual proceso de reforma, dadas sus tantas imperfecciones, para reencauzar la discusión pública hacia una reforma integral bien meditada para enfrentar las causas estructurales que vienen debilitando sostenidamente la calidad de la justicia”.
Para la Jufed su “Declaratoria tiene como causa la falta de voluntad por parte de la actual legislatura de atender el análisis crítico de la sociedad civil en general, y de los integrantes de la judicatura en lo particular, sobre la ‘reforma judicial’ derivada de la iniciativa de 5 de febrero de 2024 del Presidente de la República.
“En consideración nuestra y de amplios sectores nacionales y extranjeros de la academia, de la abogacía, de organizaciones de defensa de derechos humanos y otras agrupaciones gremiales, así como de organismos internacionales plenamente reconocidos por el Estado mexicano, la iniciativa mencionada es contraria en grado extremo a los principios que rigen una república democrática, representativa y federal, tales como la división de poderes y la tutela judicial efectiva de la ciudadanía, y especialmente el de independencia judicial”.
Ante esta decisión, la organización que aglutina a jueces y magistrados, señaló que “desde este momento se reconocen en la Directora Nacional de la Jufed, jueza de distrito Juana Fuentes Velázquez, las más amplias facultades para convocar a la mesa de diálogo”.
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