La reforma no debe ser al Poder sino al sistema judicial, pues los errores que luego se achacan a los juzgadores suelen ser de las fiscalías o las policías, señaló el magistrado Octavio Pineda durante la manifestación de ayer por la mañana en el marco del paro laboral contra la reforma judicial.
“Consideramos que se necesita una reforma al sistema judicial, no propiamente al Poder –(en el que) que también hay falencias–, consideramos que las fallas graves están en el Ejecutivo, en materia penal. La Fiscalía, los policías, no están debidamente preparados, capacitados, y los asuntos donde se llegue a dictar una sentencia absolutoria o no se les vincula a procedimiento es por eso, porque no están debidamente bien integradas las carpetas, no se allegan de las pruebas, no llegan con pruebas, entonces es muy difícil que un juez pueda resolver”, dijo el magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez.
Mientras tanto, de acuerdo con la programación de audiencias de los juzgados penales, en Ciudad Juárez se pospusieron 13 audiencias, 11 de las cuales eran para “resolver sobre revisión de las condiciones u obligaciones impuestas”, una para “determinar el cumplimiento del sustitutivo de la pena de prisión” y otra más para el “cómputo de la pena”, aunque cuatro audiencias iniciales (de resolución urgente) fueron atendidas, así como una continuación de audiencia inicial (donde se define la vinculación o no a proceso de las personas acusadas), una para “resolver sobre el beneficio de libertad condicionada” y una más de “solicitud de libertad anticipada”.
Para hoy jueves se tienen programadas 15 audiencias, de las que ya se muestran canceladas nueve.
Pineda habló luego del acto simbólico de protesta, en que se cantó el Himno Nacional mexicano en compañía de la Banda de Guerra del Conalep III, para luego escuchar un posicionamiento por parte de Itzel Lara, de los Juzgados Penales.
La reforma judicial, dijo, ya está en manos del Poder Legislativo, pero se realizó sin tomar en cuenta lo que se dijo en los diálogos, además de que “esos diálogos fueron una simulación, porque no fuimos escuchados”.
Lara acusó que dicha reforma busca a través de su redacción “disfrazar la intención, que es anular la división de poderes, del único poder que es un contrapeso contra los actos autoritarios”.
A partir del primer minuto del miércoles, en que se cerraron las puertas para los asuntos no urgentes, se vivió “una cohesión bastante fuerte” entre quienes trabajan para el Poder Judicial de la Federación (PJF) que se mantendrá en los próximos días del paro laboral en contra de los cambios, expresó Carlos Rascón, del Tercer Tribunal Laboral y encargado de prensa durante estas manifestaciones.
Tanto personas juzgadoras como magistradas, mandos medios y base trabajadora, abundó, se unieron con el propósito de “ser escuchados y que el diálogo se entable de manera real”.
Rascón comentó que la elección popular de personas juzgadoras y magistradas, como lo propone el Ejecutivo federal en la reforma judicial, sólo pondría en juego decisiones trascendentales sobre los derechos de la ciudadanía.
“Queremos que los asuntos no queden al arbitrio de personas que no son las más capaces… Si no tienen las nociones ni motivación, estamos ante una situación crítica contra el Estado de Derecho en México”, precisó.
En esta valoración coincidió el magistrado Pineda Toribio, quien dijo que los cambios que se encuentran en discusión terminarán en decisiones que respondan a intereses de órganos políticos y no a los derechos humanos.
“No va a haber un sistema judicial fuerte. No va a haber jueces, magistrados, que resuelvan conforme al respeto a los derechos humanos. Va a haber una consigna por parte de los órganos políticos para que resuelvan conforme a sus propios intereses”.
Rascón compartió que al menos en el Tribunal Laboral se realizan un promedio de tres audiencias diarias, y no se dejarán de atender aquellos asuntos de urgente resolución como huelgas.
El trabajador del Tribunal Laboral también precisó que existe personal suficiente cubriendo asuntos como la interposición de amparos relativos a la libertad de las personas, la vida y sobre migración.