Con un sistema judicial “debilitado e impreparado”, luego de la reforma judicial, los niveles de inseguridad e impunidad se fortalecerán en México en perjuicio de la población y la actividad productiva al mermar la relocalización de empresas, alertó el sector privado.
“Minimizar los problemas de inseguridad, impunidad y delincuencia sólo aviva la incertidumbre y la preocupación tras la aprobación de la Reforma Judicial, que al parecer podría limitar la aplicación de una justica efectiva”, expuso el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
Si bien el nuevo gobierno avala la Reforma Judicial, es importante considerar que “podría restringir sus esfuerzos para lograr el ambiente de tranquilidad y seguridad que el país requiere”, dijo el organismo, parte del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“La inversión, que es el impulsor principal del crecimiento, muestra un rápido debilitamiento, que parece responder al ambiente de elevada incertidumbre por cuestiones políticas y del agudo ambiente de inseguridad que prevalece en el país”, sostuvo.
Esto pone en riesgo la oportunidad de aprovechar el proceso de relocalización que, si bien ya desde hace años ha ubicado a México como un punto atractivo para la instalación de empresas foráneas, la oportunidad reciente en este tema, que se fortaleció significativamente en los últimos cinco años.
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