Ciudad de México. La Fiscalía General de la República (FGR) respondió nuevamente a los señalamientos del juez Alejandro Alberto Díaz, y señala que el impartidor de justicia adscrito a un juzgado con sede en Culiacán, «eludió informar que el Ministerio Público de la Federación le aportó 78 datos de prueba» en los que se establecía la comisión de hechos ilícitos de secuestro y traición a la patria, así como la probabilidad de que Joaquín Guzmán López los hubiera cometido.
Fuentes de la dependencia federal señalaron que los datos entregados el 5 de octubre «eran más que suficientes para emitir una orden de aprehensión» y que los argumentos del Ministerio Público Federal debieron «ser considerados y valorados» conforme con lo que señala el artículo 141, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Lo anterior es en respuesta a lo señalado por el juez Díaz a través de una videoconferencia realizada ayer, en la que aseguró que el día de la audiencia en que se desahogó la solicitud de orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán Salazar, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, la FGR no contaba con todos los elementos para demostrar que los rastros hemáticos que se localizaron en una finca correspondían al ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Héctor Melesio Cuén Herrera.
Sin embargo, la FGR señaló que el juzgador «omitió manifestar que la orden de aprehensión era por secuestro y traición a la patria; y que no había ninguna solicitud del Ministerio Público de la Federación por el homicidio» de Cuén Herrera.
Pues, las periciales hemáticas que acreditaron que el ex rector de la UAS no eran para acreditar los delitos de secuestro y traición a la patria cometidos por Guzmán Salazar al haber privado de la libertad y trasladar ilícitamente a Ismael Zambada García, El Mayo, a Estados Unidos, donde lo entregó a autoridades de aquel país.
Ahora, refirieron los funcionarios ministeriales, «los indicios hemáticos ya se periciaron e identificaron plenamente y constituirán prueba en el caso del homicidio de dicha persona».
Respecto a la audiencia donde el juez Alejandro Alberto Díaz negó la orden de captura, la FGR señaló que «el Ministerio Público de la Federación, después de una audiencia de más de ocho horas, decidió retirar su solicitud, en razón de lo expuesto; y dado que es una institución de buena fe, que actúa en defensa de la justicia, continuará con el procedimiento penal de manera clara y transparente, informando lo procedente con respeto, veracidad y objetividad».
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