Buenos Aires. El gobierno argentino anunció el jueves que dio de baja las asignaciones que recibía Cristina Fernández en su condición de exmandataria y viuda del ex presidente Néstor Kirchner luego de que la principal cámara penal confirmó una condena en su contra de seis años de prisión por corrupción, lo que provocó el frontal rechazo de la dirigente peronista.
La decisión del ultraderechista presidente Javier Milei -ejecutada por la Administración Nacional de la Seguridad Social- fue anunciada a los periodistas por el portavoz presidencial Manuel Adorni, quien indicó que supondrá un ahorro mensual de unos 21,8 millones de pesos (unos 21 mil 400 dólares).
Abogados dijeron que la medida es inconstitucional ya que la sentencia que recibió Fernández no está firme y, por otro lado, la ley no contempla la posibilidad de anular dichas asignaciones alegando esa circunstancia. Vaticinaron que la medida será revertida en los estrados judiciales.
Fernández, quien gobernó entre 2007 y 2015 y fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, arremetió contra la medida del mandatario, que calificó de ilegal.
“¡Asesorate! La pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación”, dijo la ex mandataria en su cuenta de X, antes Twitter. Luego señaló que el mal desempeño de un presidente sólo puede ser juzgado por el Congreso a través de un juicio político, durante el ejercicio del mandato.
“Sólo el pueblo, a través de sus representantes puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. ¿ Qué parte no entendés Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho”, afirmó la dirigente.
Fernández también defendió su derecho a recibir una pensión como viuda de Kirchner (2003-2007). Apuntó que lo hace también Zulema Yoma, viuda del presidente Carlos Menem (1989-1999), el cual «se fue del mundo con causas penales sobre contrabando de armas, sobresueldos de funcionarios y otras yerbas, y hasta condenadas en segunda instancia”.
El mayor tribunal penal ratificó la víspera la condena de cárcel y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos impuesta a Fernández por un tribunal federal en 2022, que la consideró culpable de administración fraudulenta durante su mandato. El fallo no implica que la titular del peronismo pierda su libertad o deba abstenerse de aspirar a un cargo público en los meses venideros, ya que apelará el fallo ante la Corte Suprema, que puede tardar años en pronunciarse.
Adorni señaló que el beneficio previsto por la ley para ex presidentes “se otorga con carácter excepcional y extraordinario como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo” y que la sentencia que la condenó por administración fraudulenta «representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”.
“La jubilación a ex mandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”, afirmó el portavoz.
Adorni, quien admitió que Fernández podría pelear la medida en la justicia, señaló que la ex presidenta va a continuar percibiendo una jubilación y una pensión “de acuerdo a sus aportes y no al adicional por privilegios” sin especificar el importe.
Fernández, de 71 años, sostiene que es víctima de una persecución política y judicial. La ex mandataria, considerada la principal figura política de las últimas dos décadas, ha sido proclamada titular del peronismo, la principal fuerza de la oposición, y referente indiscutida del kirchnerismo, la corriente de centroizquierda de esa fuerza política.
Milei, quien llegó al poder en diciembre y es un antikirchnerista acérrimo, ha celebrado el fallo judicial adverso a Fernández.
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