El Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) admitió el expediente que la Secretaría de la Función Pública (SFP) inició en contra del exgobernador Javier Corral Jurado.
Se trata de un procedimiento de responsabilidad administrativa derivado de una denuncia que en 2022 interpuso el diputado Omar Bazán por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.
Los hechos que denunció el legislador versan sobre la compra de un inmueble por parte del exgobernador, con un valor comercial de 4 millones de pesos que supuestamente nunca declaró y que, de confirmarse el hecho, representarían una conducta grave que podría sancionarse hasta con la inhabilitación del servicio público.
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