El director de la Academia Naval Militar de Libia, Abd al-Rahman Milad, apodado ‘Al Bidja‘ y considerado por Naciones Unidas como uno de los traficantes de personas más buscados del mundo, fue tiroteado este domingo por varios hombres armados frente a la sede de esta institución en Zanzour, a las afueras de Trípoli.
El hombre, de 37 años, anteriormente comandante del autoproclamado Servicio de Guardacostas de Zawiya (noroeste), se encontraba en su vehículo en el barrio de Sayad, donde dirigía desde hace años la Academia.
Tras hacerse público su asesinato, grupos armados cerraron la carretera costera en su ciudad natal, Zawiya, y llevaron a cabo el despliegue de unidades con armas pesadas.
En 2017 ‘Al Bidja‘ se dio a conocer en la escena internacional por el uso de la violencia contra migrantes y su participación en operaciones de contrabando.
Ese mismo año participó en una polémica reunión con funcionarios italianos en Catania, uno de los mayores centros de recepción de migrantes de Europa, para discutir sobre cómo frenar el flujo migratorio.
Roma firmó entonces un memorando- posteriormente emulado por Francia, Alemania y Malta- para ofrecer financiación y equipos a la guardia costera a cambio de interceptar las embarcaciones y devolverlas a Libia pese a ser escenario de torturas y abusos, según las organizaciones humanitarias.
En 2018 el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó incluir su nombre en la lista de sanciones- que incluía congelación de activos y prohibición de viajes- por su vinculación con redes de tráfico de personas, violencia contra migrantes y el hundimiento de pateras con armas de fuego.
Un año después combatió en Trípoli junto a las fuerzas afines al Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA), reconocido por la comunidad internacional, contra el Ejército Nacional Libio (LNA), dirigido por el poderoso mariscal Jalifa Hafter, que controla el este del territorio.
La Fiscalía General emitió en 2020 una orden de arresto y suspendió su cargo de la Guardia Costera además de congelar sus cuentas bancarias pero fue liberado seis meses después “por falta de pruebas”.
A finales de 2022, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó por primera vez Libia y anunció que su oficina se había unido a una coalición internacional- en la que participa España, Italia y Reino Unido, entre otros- para investigar la trata de personas en el país magrebí, delitos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Con una población de siete millones de habitantes, Libia acoge a cerca de 720 mil personas provenientes de 44 países, en su mayoría del continente africano, según la Organización Internacional para las Migraciones.
Médicos Sin Fronteras ha pedido en numerosas ocasiones facilitar las evacuaciones de la población migrante y ha instado a la Unión Europea y Naciones Unidas a revisar urgentemente y, si es necesario suspender, los actuales acuerdos de cooperación con la Guardia Costera, bajo sospecha por sus vínculos con las mafias.
En lo que va de año 14 mil 138 personas- 484 de ellas menores- fueron interceptadas y devueltas a Libia pese a ser considerado un lugar “no seguro”.
Al menos 434 murieron y 611 se encuentran desaparecidas en la ruta migratoria del Mediterráneo Central, la más mortífera de las conocidas.
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