En sesión de la Segunda Sala, este miércoles fue retirado el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán sobre el amparo directo en revisión 6321/2024 que interpuso Grupo Elektra con el que busca evitar el pago de un adeudo fiscal por 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, según cálculos del gobierno.
El proyecto, que de acuerdo a fuentes del alto tribunal iba a favor del SAT, fue retirado porque ayer la misma empresa promovió un impedimento legal para evitar que el ministro Pérez Dayán y las ministras Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa participen en la discusión de dicho asunto.
Lo anterior, prohibe a la Segunda Sala emitir un fallo hasta que primero se resuelva la solicitud de impedimento legal, que en este caso fue turnada al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Hoy, la Segunda Sala también dejó “en lista”, es decir, pendiente, el amparo directo en revisión 3842/2024 y el recurso de reclamación 419/2024 de Elektra, sobre deudas fiscales calculadas en alrededor de 65 millones de pesos.
Lo anterior debido a otro impedimento que tramitó la defensa legal de la empresa para pedir que Batres no participe en ese asunto. El recurso fue turnado a la ministra Loretta Ortiz Ahlf.
Mientras, la semana pasada, la Segunda Sala pospuso la discusión de un proyecto de Yasmín Esquivel sobre el amparo 5654/2024, con el que la empresa busca librar el pago de 1 mil 431 millones 466 mil 606 pesos.
El proyecto también va por dar la razón al SAT, por lo que Elektra promovió otro impedimento legal para que Esquivel ni Batres conozcan del asunto.
“Es clara la imparcialidad con que pueda resolver el asunto, pues es del conocimiento público, que es de interés del actual presidente de la República (AMLO), recaudar los impuestos determinados a Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., a pesar de que los mismos aún se encuentran en litigio.
“Por ende, se tiene el temor fundado, de que la ministra Ponente (Yasmín Esquivel), que está de acuerdo con la transformación del país, apoya al gobierno en sus incursiones al Poder Judicial, defiende la postura del ejecutivo; tenga el criterio de resolver el asunto de forma imparcial, auxiliando al gobierno a recaudar impuestos, aun sin analizar realmente la inconstitucionalidad que se planteó en el asunto”, argumentó Elektra en el impedimento.
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