En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dijo que el Poder Judicial está “podrido” por completo.
“Creo que está en su derecho, como todos los que se oponen a que se reforme el Poder Judicial, sin embargo, es evidente, de dominio público, la mayoría de la gente lo sabe, que impera la corrupción en el Poder Judicial y que urge limpiarlo, en beneficio de todos”, dijo.
“Hasta de los empresarios, banqueros, de los extranjeros que tienen inversiones en México se requiere que haya legalidad, estado de derecho, para que de esa manera no se proteja más que al pueblo, y al que demanda justicia con razón porque está podrido el Poder Judicial”, agregó.
López Obrador señaló que los poderes Ejecutivo y Legislativo ya han sido reformados, y que solo falta el Judicial, de quien reclamó que casi la mitad de sus trabajadores son familiares.
“El Poder Judicial sigue intacto, igual. Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial igual que siempre, porque era como un enigma, nadie sabía nada, al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 45 por ciento que los 40 mil trabajadores del PJ son familiares, es el poder de la familia, es el DIF. El nepotismo a todo lo que da”, lanzó.
“Imagínense un poder en donde el 50 por ciento de los que trabajan son familiares, y lo que hacen los jueces, magistrados, ministros. Mañana vamos a informar”, agregó.
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se unió el fin de semana a las protestas en contra de la reforma al Poder Judicial, que es impulsada por el mandatario mexicano y que se votará esta semana en el Senado de la República
Al grito de “¡El Poder Judicial no va a caer, no va caer!”, Piña Hernández se unió a los inconformes que protestaron el viernes afuera de la Cámara de Diputados.
El domingo, la ministra Piña Hernández presentó una contrapropuesta de reforma judicial.
Informó sobre la publicación de dos propuestas en materia de justicia; una que expresa la visión de la Judicatura y la otra que pone en la mesa las visiones de legisladores, organizaciones de la sociedad civil, la academia, estudiantes y víctimas de violencia.
“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia”, señaló Piña.
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