Trump confirmó sus planes este lunes en su red social Truth Social, en la que reaccionó con un “¡CIERTO!” a una publicación del activista conservador Tom Fitton, quien este mes había asegurado que la nueva Administración estaba planeando “declarar una emergencia nacional y usar activos militares” para llevar a cabo las deportaciones.
La campaña de Trump no ha ofrecido públicamente detalles específicos sobre cómo se ejecutarán estas deportaciones, aunque esa fue una de sus principales promesas durante la campaña electoral.
Para implementar este plan, Trump tiene previsto recurrir a la Ley de Emergencias Nacionales de 1976, que otorga al presidente poderes extraordinarios y le permite esquivar al Congreso para implementar medidas ante lo que debe ser percibido como una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.
Trump ya utilizó este recurso durante su primer mandato en 2019, cuando declaró una emergencia nacional para redirigir miles de millones de dólares asignados al Pentágono hacia la construcción del muro fronterizo con México, una medida que enfrentó múltiples demandas judiciales.
A lo largo de su campaña, Trump también prometió movilizar a reservistas de la Guardia Nacional para apoyar las deportaciones y sugirió incluso reubicar tropas estacionadas en el extranjero hacia la frontera sur de Estados Unidos para que aplicaran las leyes migratorias del país.
Estas medidas supondrían un cambio significativo en el papel que han desempeñado hasta ahora las Fuerzas Armadas, ya que la legislación estadounidense prohíbe estrictamente el uso del Ejército para labores de vigilancia nacional, según detalla en su web el Brennan Center for Justice.
En Estados Unidos se calcula que residen 11 millones de indocumentados y que estos planes de deportaciones masivas podrían afectar a 20 millones de familias, muchas de ellas con miembros que son ciudadanos estadounidenses, de acuerdo a la organización defensora de los migrantes America’s Voice.
Esas deportaciones podrían costar miles de millones de dólares al año y provocar escasez de mano de obra en sectores clave de la economía que dependen de los migrantes indocumentados, como la agricultura o el sector servicios, según el grupo no partidista American Immigration Council.
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